En 2010, el estado de Arizona activó con la Ley SB1070 un empuje para tratar de restringir la inmigración indocumentada dentro de su territorio, siendo su ejemplo seguido por otros estados como Alabama, Georgia y Utah. Esta ley fue objeto de gran debate político y su suerte se crítico en las cortes federales.
En este artículo se informa sobre modificaciones aprobadas de la ley fueron impugnadas por la administración del presidente Barack Obama. consideraciones inconstitucionales.
Por decisión conocida como Arizona vs. Estados Unidos y con cinco votos contra tres de la Corte Suprema de Estados Unidos en junio de 2012 se considera que es constitucional la parte de la ley SB1070 que concede a los oficiales de policía del estado de Arizona el poder para investigar el estatus migratorio de todas las personas que detienen, arrestar o para y de las que se sospeche razonablemente que pueden ser extranjeros indocumentados.
Además, siempre han aplicado porque nunca se les impugnó las disposiciones que restringieron el estado de Arizona, los condados y los municipios no pueden limitar la acción de la policía a la hora de aplicar las leyes federales de inmigración.
Lo mismo aplica a la provisión que autoriza castigar a toda persona que es contratada o contratada desde un vehículo. No importa, en este último caso, que el que contrate sea un ciudadano estadounidense.
La ley convierte a esta actividad en ilegal también para él o ella, quien se arriesga a sufrir las consecuencias, incluida la posibilidad de perder el auto desde el que pretendía contratar una persona que se convirtió en la calle o en una esquina solicitando trabajo.
Las siguientes provisiones no especificadas:
En primer lugar, la obligación para todos los extranjeros mayores de 14 años y que pasen más de 30 días en EE. UU. De que se registren con las autoridades federales y que lleven, obtenga en todo momento la documentación que solicite que se han registrado.
En segundo lugar, la disposición que considera delito tener o buscar un trabajo en Arizona si no tiene un permiso federal para trabajar.
En tercer lugar, la disposición que autorizaba a la policía a detener a todos los inmigrantes de los que existe sospecha de que han cometido una ofensa que tiene como castigo la deportación.
Con la llegada a la Casa Blanca del presidente Donald Trump se han producido importantes cambios en materia migratoria en relación a refugiados, asilados y también a migrantes indocumentados.
Así, en la actualidad son prioritarios para deportación variable todos los indocumentados. La única excepción a esa regla general por el momento son los 750 mil muchachos conocidos como Dreamers y que están protegidos por el programa de Acción Diferida, que se conoce por sus siglas en inglés de DACA.
Sin embargo, incluso para ellos la situación es complicada porque el propio presidente puso fin a ese programa. Los muchachos con DACA aprobado con anterioridad a la decisión del presidente Trump siguen amparados, al menos por el momento, por decisiones judiciales, pero no se admiten aplicaciones nuevas al programa.
Por otro lado, los migrantes indocumentados tienen derechos que no pueden ser ignorados y es aconsejable que todos ellos conozcan qué pueden hacer y qué deben callar en el caso de ser arrestados o detenidos.
Sin embargo, mientras que el gobierno federal y algunos estados resisten las medidas para restringir la migración indocumentada, otros estados controlan o promueven su protección dentro de los límites permitidos a las autoridades gubernamentales o municipales, como por ejemplo, el caso de las ciudades santuario.